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Que los apoyos y recursos llegue a las OSC



Las asociaciones y grupos civiles requieren ayuda financiera por su labor social, altruista y sin fines de lucro, y el diputado Diego Echevarría llamó al gobernador a reestablecer en el presupuesto de egresos del 2022, partidas y asignaciones para la sociedad civil organizada.


Ya que los organismos de la sociedad civil apoyan en funciones que deberían ser atribuciones del Estado como la asistencia social a personas vulnerables, orfanatos, estancias infantiles, asilos, albergues para migrantes, refugios para mujeres y niños en situación de violencia y centros de rehabilitación, entre otros.


El último año que se destinaron recursos fue en el 2018 por un monto de 114 millones de pesos.


“El Estado debe apoyar solidariamente, mediante el destino de recursos de orden público, las actividades sociales y de beneficencia que realizan dichos entes, y que substituyen en muchos casos la labor que deberían asumir las autoridades, que de realizarse de manera directa, requerirían capital humano y erogación de recursos en montos muy superiores a lo que año con año, se venían asignando a los organismos de la sociedad civil”, declaró el diputado.


Además se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia Social para que las instituciones de asistencia social privadas tengan derechos a acceder a recursos públicos y estímulos fiscales como subsidios.


Que también tengan voz en la creación y aplicación de políticas públicas, se simplifiquen los trámites administrativos, y gocen de la reducción o exención de cobros o derechos por el pago de servicios públicos que requieran.


Los criterios que emita el gobierno para otorgar los apoyos deberán ser incluyentes, equitativos y transparentes.


Diego Echevarría propuso una tercer reforma a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado para que se exima del pago a las organizaciones civiles no gubernamentales o de la sociedad civil, así como estancias infantiles o de asistencia social privada y que el fondo no sea lucrativo.


El diputado propuso cambiar de decreto a ley y un punto de acuerdo para que las prerrogativas lleguen a los organismos de la sociedad civil y evitar discrecionalidad de parte del gobierno en turno, al tiempo que se garantiza el derecho constitucional al agua.

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